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Activistas acuden a la Comisión de DDHH para denunciar a Moreno

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Activistas de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (RED) ecuatoriana se reunirán este jueves en Ginebra con seis relatorías especializadas de derechos humanos de la ONU a fin de «actualizar» una serie de denuncias que han presentado contra el Gobierno de Lenín Moreno.En el encuentro participarán los ecuatorianos Fernando Casado, Oswaldo Ruiz, Pauline Ogier, Gina Donoso y Teresa Silva, todos ellos ecuatorianos pero residentes -con la excepción de Casado- en el extranjero, así como el español Manel García.

En un comunicado, la RED informó que mantendrán una reunión con representantes de las Relatorías de Detención Arbitraria, Defensores de Derechos Humanos, Salud, Reunión y Asociación Pacífica, Libertad de Expresión, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

El objetivo del viaje, agrega la nota, es «actualizar y ampliar una serie de denuncias de violaciones de derechos humanos durante el actual gobierno ecuatoriano».

Los denunciantes consideran que en Ecuador se da una «sistemática violación de derechos humanos» por parte del Gobierno y una «persecución política a la oposición» -«especialmente a los miembros de la Revolución Ciudadana y seguidores del presidente Correa«- que «se incrementaron durante las protestas de octubre de 2019».

Ese mes, decenas de miles de ecuatorianos salieron a las calles a protestar un incremento del precio de la gasolina por un decreto de Moreno que eliminaba los subsidios, luego derogado para pacificar el país.

El Gobierno ha denunciado que las revueltas fueron alentadas por el movimiento que apoya al expresidente Correa, y que contó además con el respaldo de gobiernos extranjeros alineados con el Socialismo del Siglo XXI con el fin de derrocar a Moreno, que se apartó de la línea de su predecesor poco después de llegar al poder en mayo de 2017.

A raíz de estas acusaciones, varios dirigentes del Movimiento se refugiaron en la embajada de México -país que luego les brindó asilo con el consentimiento de salida del propio Ecuador- para eludir su posible detención por sospechas de incitación.

La RED espera, según el comunicado, que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU supervise que «el Estado ecuatoriano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».

Y aducen que «Ecuador sufre la aplicación de políticas públicas regresivas en materia de derechos sociales como educación, salud y trabajo, así como la violación de derechos procesales y de múltiples libertades como la de expresión, opinión y asociación», indica la nota de prensa.

En los últimos dos años y medio han sido procesados en Ecuador tanto Correa como una serie de ex altos dirigentes de sus gobiernos y del movimiento Alianza País, hasta 2017 dirigido por el exmandatario, y en la mayoría de los casos por presuntos delitos de corrupción, aunque también los hay por presunta incitación en los disturbios de octubre.

El 28 de octubre de 2019 la RED consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares a favor de varios de esos políticos, entre ellos Virgilio Hernández, Paola Pabón y Jorge Glas, los tres del movimiento Revolución Ciudadana y en el último caso en prisión tras ser condenado por corrupción en una de las ramificaciones locales de la trama Odebrecht.

Casado indicó que la reunión en Ginebra muestra que el caso de Ecuador «comienza a llamar la atención a nivel mundial».

Mientras que Sonia Vera, coordinadora jurídica de la RED, destacó que se trata de «la primera vez que el organismo de las Naciones Unidas se reúne con actores no políticos, miembros de la sociedad civil» ecuatoriana.

Según su propio comunicado, la RED aglutina a más de 185 organizaciones en el mundo en catorce países y se dedica «a la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana y lucha contra la corrupción».

El Gobierno ecuatoriano ha desestimado todas las acusaciones en materia de persecución política, y alega que en el país existe una plena separación de poderes que faculta al poder judicial a actuar de forma independiente.

Fuente: EW/Ecuavisa


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