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La Judicatura prepara evaluación a fiscales y jueces provinciales

Dentro de las actividades en la gestión del Consejo de la Judicatura (CJ) para este año está contemplado el proceso de evaluación para fiscales y jueces de las cortes provinciales. Estas pruebas se suman a la auditoría de conocimientos que el organismo ya realizó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), donde el resultado no fue alentador.

De acuerdo a información de la misma Judicatura, solo el 20% de los jueces y conjueces lograron superar los 80 puntos que se requería para mantenerse en funciones.

Víctor Granda, docente y especialista en derecho, fue parte del comité evaluador de apoyo. Él  considera urgente medir las capacidades en otros niveles de la magistratura. Según dijo, si en el estrato más alto se halló graves falencias, otras igual de serias  podrían estarse gestando en cortes provinciales.

Juan José Morillo, vocal del CJ, dijo que los procesos para jueces provinciales y fiscales “son proyectos emblemáticos que estarán dentro del 2020 para ser programados y desarrollados”.

Aunque aseguró que ya están trabajando junto con Fiscalía para definir los contenidos de la evaluación, señaló que no se pueden establecer cuánto dudaría este procedimiento en el que serán auditados 850 fiscales a nivel nacional y cerca de 1.000 jueces de cortes provinciales.

Solo en la CNJ, donde fueron medidos 35 funcionarios, la Judicatura se tomó seis meses.

Es un volumen alto. Tendremos que nuestros reglamentos hacerlos de una manera tal que permita hacer esa evaluación a esta magnitud”, dijo Morillo.

Limitaciones

El funcionario agregó que todo dependerá de cómo se definan las prioridades y además de asuntos relacionados con el personal con el que cuenten para estas tareas. Recordó que el Ministerio de Financias hizo un recorte de 11 millones de dólares que eran exclusivamente para la partida de personal.

Esto nos está llevando a reformular y saber qué tenemos que hacer para cerrar esta brecha para poder cumplir con lo que pide la ciudadanía”, acotó.

Para Granda, estas reducciones presupuestarias no deben afectar a la toma de decisiones, sin embargo, aclaró que si el CJ considera que sí habrá un efecto en el proceso, tendría que argumentar la necesidad ante el Gobierno para incrementar los recursos que además deben ser auditados.

Durante el correísmo hubo un dispendio notorio de fondos público, en adquisiciones, construcciones con sobreprecios que no han sido auditadas”, recalcó.

En lo que tiene que ver con la evaluación a Fiscales, Morillo informó que propuso la conformación de al menos 24 tribunales integrados por funcionarios de la propia Fiscalía General del Estado y Judicatura para que evalúen en cada provincia. No obstante, dijo, esto todavía no está aprobado por el Pleno.

Metodología

Con el precedente que dejaron las pruebas  a la CNJ, Morillo planteó al Pleno que al menos tres de los criterios que se manejaron en la última evaluación permanezcan. Estos son los aspectos de desempeño en la parte cualitativa y cuantitativa, también de legitimidad y transparencia y que se considere el mínimo de 80 puntos para la aprobación.

Las funciones de un juez frente a un fiscal ya no son las mismas. El fiscal se calificaría en relación de los impulsos fiscales que realicen y de los procesos que han llevado a cabo”, explicó.

Aunque los procesos de evaluación y selección de personal para la Función Judicial son de responsabilidad del CJ, Granda cree, de ser necesario, oportuno que el organismo sume personal técnico y académico externo a la institución para apoyar el proceso. Son embargo, dijo, las reglas de juego deben quedar claras para no llevar a malas interpretaciones de los evaluados y la opinión pública.

Fuente: EW/Lahora


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