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El Gobierno evalúa magnitud de protestas y movilizaciones

Como un intento de desestabilización, no solo al Gobierno sino a la democracia, calificó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a la jornada de protestas que se registraron la semana pasada a escala nacional. Aseguró que en esta etapa se dieron varios conflictos. Por un lado, la movilización del sector indígena en contra del Decreto 883, que confluyó con un ataque a la legitimidad de las instituciones en varios puntos, con una violencia que no se había visto antes en Ecuador.

“Manifestaciones que se dirijan, por ejemplo, a bases y rastrillos militares. Una noche se llegó a evidenciar 600 personas en un rastrillo militar”, aseguró.

A esto se suma el ataque a la Contraloría, que fue prácticamente saqueado por turbas, al edificio de la Unidad de Flagrancia, y a varias gobernaciones de la Sierra centro y de la Amazonía, dijo.

Sin embargo, evitó calificar como responsables directos a grupos guerrilleros o terroristas urbanos, pero dijo que algunos ataques tienen características tipificadas en el Código Penal como terrorismo, como actuaciones violentas o como ataque y resistencia: “Esperamos que con el paso de los días nos permita diferenciar qué sectores estuvieron en primera fila para actuar de determinada manera para aplicar la Ley”. Además, defendió el trabajo de la Policía desplegados estos días ya que, aseguró, tuvo que responder a violentas manifestaciones con acciones disuasivas.

Las versiones 
La dirigente de la Conaie, Luisa Lozano, aseguró que la intención de su sector jamás ha sido la de tumbar al Gobierno y que, por el contrario, se movilizaron de manera pacífica en contra de un decreto que consideran iba a afectar la economía del pueblo.

El experto en temas militares, coronel (sp) Mario Pazmiño, aseguró que la protesta social fue utilizada como una “cortina de humo” para generar una crisis social que desencadene un golpe de Estado. “Se quería derrocar al Gobierno de Lenín Moreno y tratar por todos los mecanismos de generar una ‘muerte cruzada’ y traer a actores anteriores que supuestamente ‘creían que podían solucionar el problema del Estado’”. Pazmiño descarta que el movimiento indígena haya tenido intenciones golpistas, pero considera que sí fue utilizada para generar de manera camuflada actos violentos y vandálicos que tuvieron el rechazo de la población. Y considera que atrás de estas acciones violentas y desestabilizadoras hubo una estructura correísta para generar el caos social.

Mirada
Mientras que el experto en temas de seguridad, Lautaro Ojeda, dijo que viendo los resultados finales al parecer hay los suficientes elementos para señalar que hubo un intento de golpe de Estado.

“Ese intento estuvo articulado con una estrategia malévola”, manifestó; ya que en principio la protesta se focaliza en los alrededores de la Casa de la Cultura, pero en los últimos días se expandió con acciones “terroristas” a otras zonas de la ciudad.

Tanto Pazmiño como Ojeda reconocen la labor profesional de policías y militares ya que a pesar de la magnitud de los acontecimientos y en el marco de un Estado de Excepción, jamás usaron fuerza letal, lo que habría provocado un derramamiento de sangre.

Fuente: EW/Lahora


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