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Estado, sociedad civil y otros actores se unen para alcanzar un país libre de violencia

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El vicepresidente Otto Sonnenholzner, junto con la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero; el secretario de Derechos Humanos, Marlo Brito; el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, otras autoridades y representantes de la sociedad civil, participaron en la presentación del Acuerdo Nacional por ‘Una Vida Libre de Violencias’.

La mesa ‘Una Vida Libre de Violencias’ contará con los aportes de actores de organizaciones de adultos mayores y de personas con discapacidades que tienen derecho a vivir sin violencia. Además, incluirá en sus acuerdos el fomento de la autonomía económica de las mujeres y el acceso a medios, para prevenir la violencia patrimonial.

“El acuerdo es la continuación del Diálogo Nacional, el trabajo por la no violencia es diario, creemos que la participación de la sociedad civil es fundamental. Las mesas vienen ya trabajando, lo que estamos haciendo es formalizando un poco más e integrando a más actores a la dinámica de los diálogos para llegar acuerdos”.

El Vicepresidente señaló que el sistema judicial desempeña un rol fundamental para proteger a las víctimas de violencia. “El acuerdo es la continuación del Diálogo Nacional, el trabajo por la no violencia es diario, creemos que la participación de la sociedad civil es fundamental. Las mesas vienen ya trabajando, lo que estamos haciendo es formalizando un poco más e integrando a más actores a la dinámica de los diálogos para llegar acuerdos”, puntualizó.

Por su parte, la ministra Berenice Cordero destacó que el Acuerdo Nacional Ecuador 2030, en lo que respecta a prevenir y erradicar la violencia, tiene metas a corto, mediano y largo plazo. “Tiene tres ejes importantes: prevención y corresponsabilidad, la parte legal que debe constituir todo un sistema de protección y el acceso a la justicia. Otro elemento importante es que podamos contar en el corto plazo en los distritos de este país con sistemas de alerta temprana”, añadió.

Lizie Ernst, representante de la sociedad civil, indicó que la problemática de violencia afecta no solo a las mujeres, sino a toda la población. “El Estado es garante de nuestros derechos. Nosotras estamos pensando que los operadores de justicia tienen que ser más amigables, para que las mujeres que tienen que transitar hacia la denuncia, puedan hacerlo y tener una justicia oportuna y no generar impunidad”, dijo.

Fuente: EW/vicepresidencia


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