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Las instituciones deben coordinar planes ante violencia de género

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Por asesinar a puñaladas a Amelia de Jesús Laje, en Pisulí, en el norte de Quito, se dictó la prisión preventiva contra Miguel Aguirre, quien pese a tener boleta de alejamiento esperó a su expareja en la puerta de su casa para reclamar con sangre el fin de su relación.

Aguirre fue capturado en flagrancia por un agente de la Policía Nacional. Luego de que mató a su expareja se cortó en diversas partes del cuerpo y gritaba a las personas que pasaban por el lugar.

Amelia dejó tres hijos en la orfandad y se convirtió en el segundo caso de feminicidio cometido en una vía pública en lo que va de año. Decenas de fotografías y videos salieron a través de las redes sociales, en los que se podía ver a la víctima a los pies de su asesino sin que nadie prestara atención.

Esto despertó los fantasmas de otro asesinato ocurrido en Ibarra a principios de año donde la expareja de Diana R. la mató de cinco puñaladas a la vista de todos. Desde ese entonces, el accionar de la Policía Nacional ante estos casos ha estado en el escrutinio  público.

Fallas legales
A pesar de que en Ecuador existe una Ley Contra la Violencia a la Mujer desde febrero de 2018, son varios los faltantes en su aplicación. Por ejemplo, un registro nacional de víctimas y un sistema de prevención que coordine las denuncias de las mujeres que sufren de violencia física, sicológica y verbal.

Hace solo 15 días, Amelia obtuvo la boleta de alejamiento de su expareja. Eso solo sirvió para que él saliera de la casa, pero no evito su muerte.

Ahora, Miguel Adolfo A. se encuentra con custodia en el hospital Pablo Arturo Suárez, pero cuando obtenga el alta será trasladado a la cárcel de Latacunga.

En el análisis
Esta semana, desde la Asamblea Nacional, se realizó un encuentro entre varios asambleístas y autoridades que abordan el tema de la violencia de género en el país para coordinar mejores planes de prevención con el Ejecutivo.

Estuvieron presentes 16 instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La Secretaría de Derechos Humanos es quien coordina dicho Sistema, donde se han realizado 23 reuniones para el desarrollo del Registro Único de Violencia, a fin de homologar la información, según dijo su director Ernesto Pazmiño.

Además, se actualizará la encuesta de relaciones familiares y violencia de género y se realizará trabajos de investigación para determinar edades, geografía, tipos de violencia y otros elementos.

Uno de los ‘cuellos de botella’ que encuentra esta secretaría es que muchos municipios no han conformado las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que son las que emitirán medidas de protección a mujeres violentadas.

Desde la Fiscalía se analiza el papel que cumplen los tenientes políticos en la entrega de boletas de auxilio. Se preguntan qué sucederá con las denuncias en contra de sus allegados, familiares o coidearios del partido político al que pertenecen.

El tema del presupuesto también marca un eje central en el análisis. Los representantes de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo consideran que la asignación otorgada a estas instancias es insuficiente ante la necesidad de mejorar los servicios. Capacitaciones, creación de protocolos, normativa secundaria, ampliación de servicios fueron algunos de los avances a los que hicieron referencia en la Asamblea.

Momentos de dolor
° Después de que se realizó la autopsia, el cuerpo de Amelia fue entregado el viernes, a las 21:00, a  sus familiares, quienes la despidieron ayer en una casa de ladrillo en Pisulí, donde familiares y amigos de la víctima lloraron y abrazaron su féretro. Los vecinos comentaron que el hombre que le quitó la vida siempre ha sido violento. La pegaba a ella, a sus hijos y hasta a su suegra.

Fuente: EW/Lahora /ecuavisa

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