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Prisión preventiva para acusados de homicidio de 18 personas tras incendio en clínica

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La noche de este 13 de enero, por pedido de la Fiscalía General del Estado, el juez de Garantías Penales, Hermes Jiménez, dictó prisión preventiva en contra de Orlin B.A. y Leandro A.A., por el presunto delito de homicidio, tras el incendio de una clínica de rehabilitación, que dejó 18 personas fallecidas, en el suburbio de Guayaquil.

El propietario de la clínica y el encargado de las llaves del centro enfrentan una condena de hasta 13 años de prisión, por la muerte de 18 internos que estaban encerrados dentro del establecimiento durante un incendio el viernes.

El incendio se produjo en una vivienda de construcción mixta ubicada en las calles 26 y la I, donde funcionaba el centro de recuperación de adicciones, y dejó otras 16 personas gravemente heridas, mismas que fueron evacuadas y trasladadas a distintas casas de salud para realizarles valoraciones médicas.

Las autoridades estiman que el incendio fue provocado por los internos que estaban encerrados en el centro.

La Fiscalía procesó la madrugada de este sábado a 5 personas, entre ellas al administrador de otra supuesta clínica de recuperación de adicciones, por el presunto delito de secuestro. Este centro clandestino operaba cerca al local que se incendió ayer y ahí también asistían a personas con problemas de adicción, quienes se encontraban recluidas contra su voluntad y encerradas en las instalaciones con candados y cadenas. Según resolución del juez que actuó en la causa se resolvió 30 días de prisión y abrir una instrucción fiscal a los detenidos.

Tanya Varela, comandante zona 8 de la Policía Nacional, informó que la cifra de 18 fallecidos la tarde del viernes se mantenía y que solo se esperaba la identificación de uno de los cadáveres. Confirmó que los heridos se encuentran en diferentes casas de salud con diagnóstico reservado.

Las autoridades identificaron centros ilegales que, en condiciones insalubres y sobrepoblados, ofrecen servicios de rehabilitación para personas con problemas de adicción a las drogas y alcohol.

En un comunicado, la Alcaldía de Guayaquil lamentó lo sucedido y puso a disposición las bóvedas de los cementerios municipales de Pascuales y Ángel María Canals.

Por otro lado, la Asamblea Nacional emitió este sábado 12 de enero un comunicado en el que “expresa su profundo dolor por la muerte de los 18 jóvenes”, pero sobre todo destaca que el Estado debe ser capaz de dar una respuesta urgente a la problemática.

Fuente: EW/ecuavisa

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