Inicio Destacados Moreno “Todos los consejeros tendrán que ir a escrutinio público”

Moreno “Todos los consejeros tendrán que ir a escrutinio público”

Compartir

El contraste era claro. Afuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el centro de Guayaquil, la consigna coreada por miembros del movimiento Salud y Trabajo, el miércoles último, era: “Que se vayan”. Lo decían en referencia a los siete consejeros de una entidad creada en la Constitución de 2008 impulsada por el expresidente Rafael Correa. El otro escenario fue en el interior, donde sesionaban cinco de los siete consejeros. Allí los miembros de veedurías coreaban: “El pueblo dice no”, en referencia a la pregunta tres de la consulta popular que plantea el presidente Lenín Moreno.

Son dos caras sobre la entidad encargada de nombrar a las autoridades de control. Entre las designaciones que ha hecho está la del actual fiscal general, Carlos Baca Mancheno, y la reelección como contralor de Carlos Pólit, prófugo acusado de supuesta corrupción.

Mientras que el CPCCS del periodo 2010-2015 designó al exfiscal Galo Chiriboga, retenido unas horas en agosto, cuando supuestamente iba a viajar a Colombia, para que diera su versión dentro de las investigaciones del caso Petroecuador.

Ese mismo cuerpo colegiado designó en 2013 a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) con Gustavo Jalkh como presidente. Contra él se planteó un juicio político en la Asamblea por supuesto incumplimiento de funciones al haber existido presuntas intromisiones del expresidente Correa en la Función Judicial. El pedido fue archivado.

De ganar el sí implicaría la terminación del periodo de los actuales consejeros. En su lugar estaría uno de transición nombrado de siete ternas enviadas por Moreno a la Asamblea, hasta elegir a los definitivos en las elecciones de 2019. Los de transición tendrán “la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades en funciones designadas” por el CPCCS. Incluso podrán anticipar la terminación de sus periodos.

Como argumento enviado a la Corte Constitucional, Moreno indica que el CPCCS ha sido cuestionado por su grado de intervención en los procedimientos de selección. Anota, además, la necesidad del escrutinio público de sus miembros y de las autoridades que ha designado en “concursos” sin “el aval de la sociedad”.

Analistas dicen que esta ruta va en la línea de anteriores reformas judiciales, como la impulsada por Correa, quien dijo, antes de la consulta de 2011, que metería la mano a la justicia. De ahí la disyuntiva de cómo esperar que el país tenga una Función Judicial lo más independiente posible del poder político de turno.

Enrique Herrería, exdirector del Observatorio Legislativo, asegura que el mecanismo para la designación del Consejo de Transición no es el más idóneo: “Moreno se está reservando la atribución de presentar las ternas, con discrecionalidad”. Debido a que el Ejecutivo no va a cambiar el sistema, Herrería plantea que se presente a los aspirantes con anticipación “para que el pueblo evalúe no solo el ámbito académico, sino su probidad, porque durante el gobierno de Correa se dio oportunidad a jóvenes con múltiples títulos académicos, pero que no respondieron a las exigencias de la moral pública”, señala.

Al paso de las críticas sale el consejero Edwin Jarrín, quien asegura que en los procesos del CPCCS no se han dado interferencias externas. Y como evidencia menciona que se ha seleccionado a opositores de Correa. “La exasambleísta Cristina Kronfle (Madera de Guerrero) ganó un concurso para el Consejo Nacional para la Igualdad, el hijo del asambleísta (Luis) Pachala (CREO) también ganó un concurso”, relata.

Pero no ha ocurrido en los puestos clave de control ni con los seleccionados para el CPCCS. Los siete consejeros actuales habían trabajado en entes del Ejecutivo durante los periodos de Correa (ver gráfica).

En cambio, el consejero Juan Peña hace un mea culpa, pero señala también que las comisiones ciudadanas de selección son las que finalmente presentaron los informes que deben aprobar: “Hay que asumir responsabilidades de las acciones, pero por qué no se ha hecho referencia a las comisiones de selección…, por propia naturaleza no podemos tener injerencia”.

El proyecto de enmienda establece que los consejeros “no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años”. Pero María Díaz, secretaria de la Asamblea Popular Ecuatoriana de Transparencia y Control Social, indica que en una reunión hace quince días planteó que se establezca que los postulantes para los cargos de libre remoción no hayan participado en los gobiernos de los últimos veinte años.

La dirigente apoya el no en la consulta. Dice que hay comités de usuarios que vigilan los servicios públicos en los hospitales, como parte de las opciones que da el CPCCS. El problema es que los informes de las veedurías no son vinculantes: “Hay que realizar cambios… pero por seguridad jurídica se deben respetar los periodos”, afirma.

David Rosero, exconsejero (2010-2015), cree que “las autoridades del Consejo Nacional Electoral, contralor, fiscal general, etc., deben ser electos por votación popular para que tengan legitimidad… Cuando estuve en el CPCCS, una mayoría de cinco correístas archivaba casos de corrupción”, asegura.

Un ejemplo de este “secuestro de poderes”, según Rosero, fue la designación “a dedo” del Consejo de la Judicatura Transitorio: “Yo voté en contra de sus miembros, pero la mayoría correísta lo aprobó”.

Santiago Basabe, profesor de la Flacso, indica que la Función Judicial ha estado politizada tras el regreso a la democracia, en 1979. “Es alta la inestabilidad judicial y falta de independencia, con picos de mayor y menor independencia por periodos. Los últimos diez años la interferencia es igual o peor que en la época de León Febres-Cordero, porque hubo un proceso de cooptación de la justicia por un solo partido”.

Felipe Burbano de Lara, sociólogo de la Flacso, dice que la actual vía de designación no es acorde a un sistema democrático: “Está mal creer que la participación ciudadana se puede estatizar…, es una aberración desde el punto de vista del diseño político y de la misma concepción de la democracia”.(I)

Se han probado muchas vías para designar autoridades, pero han fracasado porque siempre está el Ejecutivo que neutraliza esas otras funciones”.
F. Burbano de Lara, de Flacso

 

F:  eluniverso

Dejar un comentario

Por favor escriba su comentario
Por favor escriba su Nombre aquí